El pasado 15 de julio de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que reforma la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Con esta medida, se abre la tramitación parlamentaria de una reforma que promete modernizar el Sistema de Atención a la Dependencia y consolidar derechos fundamentales para las personas con discapacidad.
Lo que viene: avances prometidos
El nuevo texto legal pretende introducir importantes cambios estructurales:
Accesibilidad universal como derecho exigible: Podrá reclamarse legalmente en cualquier instancia, tanto en servicios como en edificios, incluidos los de patrimonio histórico y cultural. Se prevé un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal y se modifican leyes para facilitar reformas en comunidades de vecinos.
Compatibilidad entre empleo y prestaciones: Las personas con discapacidad podrán trabajar sin perder sus ayudas, corrigiendo un desincentivo que durante años ha penalizado la inserción laboral.
Teleasistencia como derecho: Se garantiza para todas las personas en situación de dependencia, con independencia del territorio en el que residan, con cobertura universal y carácter complementario a otros servicios.
Extensión de servicios: Cuidados en vivienda, convivencia colaborativa, ayuda a domicilio con acompañamiento comunitario, asistencia personal profesionalizada, centros de día con apoyo domiciliario y nuevos productos de apoyo.
Nuevos derechos: Atención libre de sujeciones, derecho a decidir sobre los servicios recibidos, coordinación sanitaria en residencias y derecho a permanecer en el entorno elegido.
Reconocimiento automático de un 33% de discapacidad para personas con grados I de dependencia y de un 65% para personas con grados II o III de dependencia y simplificación de trámites burocráticos.
Mejora de la calidad del empleo en el sector: Se recogen principios para profesionalizar los cuidados y garantizar condiciones laborales dignas.
Lo que cambia: eliminación de barreras administrativas y económicas
Uno de los puntos clave es la eliminación del régimen de incompatibilidades de 2012 y el fin del plazo suspensivo de dos años para prestaciones económicas por cuidados familiares. Esto permitirá un sistema más personalizado y más ágil. Además:
- Las prestaciones familiares se extenderán hasta el último mes de vida de la persona beneficiaria.
- Se crearán prestaciones transitorias para quienes esperan una plaza o servicio concreto.
- Los centros de día se convertirán en espacios comunitarios de referencia.
Lo que falta: garantías de aplicación y equidad territorial
La reforma representa un avance teórico significativo, pero el verdadero reto está en su implementación efectiva. Aún hay incertidumbres:
- ¿Cómo se asegurará la equidad entre comunidades autónomas?
- ¿Contarán los servicios con la financiación suficiente y sostenida?
- ¿Se cumplirán los plazos de aplicación o caerá en dilaciones?
La dotación de 783 millones de euros para el SAAD en 2025 es la más alta hasta la fecha, pero deberá mantenerse en el tiempo para responder al reto demográfico y a la creciente demanda.
Desde ASPAYM Madrid seguiremos informando, evaluando y reclamando que esta reforma no quede en papel mojado. Que los derechos que se escriben, se cumplan. Y que las personas con discapacidad o en situación de dependencia puedan vivir con la autonomía, la dignidad y el bienestar que merecen.
Deja una respuesta